Max y Lulen son dos personas trans detenidas en la cárcel de Bouwer en Córdoba, desde febrero de 2025, luego de un enfrentamiento con el padre transodiante y violento de Lulen. Desde entonces sus amistades, diferentes organizaciones y personas cercanas, hemos llevado adelante diversas acciones para acompañarlos y contenerlos afectiva y económicamente.
En agosto de 2026 fueron condenados a 12 años y seis meses de prisión en un juicio marcado por la discriminación y la violencia hacia sus identidades y su recorrido de vida. Denunciamos que esta condena es completamente arbitraria y desproporcionada.

¿Por qué decimos esto?
Porque se invisibiliza y deslegitima la violencia sistemática y abusos que sufrieron Max y Lulen por su orientación sexual, expresión de género e identidad de género. En el caso de Lulen, por parte de su padre desde su muy temprana adolescencia. Durante el juicio dieron testimonio las psicólogas, amigas y ex parejas de Lulen acerca de cómo estos abusos han marcado gravemente su vida hasta la actualidad. Sin embargo, estas evidencias no han sido tenidas en cuenta a la hora de determinar la pena.

También, porque el fiscal Marcelo Fenoll y el abogado del padre de Lulen, los acusaron por homicidio en grado de tentativa con 5 agravantes, y solicitaron una pena de 13 años y 4 meses. Siendo esta es la misma pena que el fiscal Fenoll solicitó para un hombre que abusó de una niña durante 4 años.
Hay genocidas con condenas de lesa humanidad a quienes les han dado recientemente 9 años. Y podemos seguir nombrando innumerables casos. Mientras que los juicios por femicidios condenan con uno o dos agravantes, a Max y Lulen les pidieron cinco.
Y aunque se rechazaron casi todos los agravantes -menos vínculo y criminis causa- la pena se sostuvo en 12 años y seis meses. Lo cual no tiene sentido para dos personas sin antecedentes de ningún tipo como Max y Lulen.

¿Cómo seguimos?
Entendemos que la condena es insólita, discriminatoria y no se funda en la prueba existente, por lo que el próximo paso es apelar al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que revise las condiciones en las que se llevó a cabo el juicio y la condena.
Lo que buscamos es poner en cuestión que hay un ensañamiento por parte de la Justicia que no se respalda en las pruebas e ignora cualquier forma de perspectiva de género para observar los hechos en sus respectivos contextos.

Nos espera una pelea larga y estamos dispuestxs a llevarla hasta las últimas instancias. Denunciamos que el poder punitivo se aplica con fuerza desmedida cuando la falta la cometen travestis, travos, lesbianas, mujeres, toda persona que no es leída “normal” por el orden cisheterosexual. El castigo hacia nuestras identidades es siempre mayor y no vamos a quedarnos de brazos cruzados. La aplicación de la perspectiva de género es una obligación transversal a la justicia, no debería terminar cuando la persona se sienta en el banquillo de los acusados.
Vamos a continuar con la campaña de difusión del caso, al mismo tiempo que juntamos fondos para pagar la defensa, no sólo del juicio que ya terminó y aún queda por pagar, sino también para las sucesivas instancias. Para ello necesitamos todo el apoyo posible tanto en lo económico como en la difusión. Estaremos publicando todas las novedades y actividades en el Instagram @malaracha2. Seguinos!

Además, Max y Lulen produjeron fanzines desde la cárcel, que fueron editados por amigxs para distribuirlos como otra forma más de recaudación. Los archivos están disponibles para cualquier grupalidad o persona que quiera colaborar con la causa imprimiendo y vendiendo en sus territorios. También están en formato digital.
Recibimos cualquier idea o iniciativa para seguir sosteniendo esta causa.
Todo aporte es necesario y suma muchísimo. Aunque el estado nos criminalice por nuestras identidades, confiamos en las redes de solidaridad que se tejen y nos sostienen.